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El estado de los derechos humanos en Etiopía
28 de julio de 2017
La represión contra defensores y defensoras de los derechos humanos, medios de comunicación independientes, periodistas, autores de blogs, manifestantes pacíficos y miembros y dirigentes de la oposición política se intensificó durante el año 2016, a menudo recurriendo a disposiciones de la Proclamación Antiterrorista de 2009.
Por Beniamino Brunati
@benbrunati

La República Democrática Federal de Etiopía (RDFE) es un estado autoritario gobernado por el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), que está en el poder desde 1991 y ganó todos los asientos en el parlamento en las elecciones de 2015. Varias elecciones irregulares, entre las cuales la del 2015, han mostrado la voluntad del gobierno para reprimir brutalmente a la oposición y aquellos que la apoyan, como periodistas y activistas. Musulmanes y miembro del grupo étnico Oromo están entre los más atacados, aunque cualquier grupo percibido como opositor político se encuentra regularmente reprimido, preso o procesado con respeto a la Proclamación Anti-Terrorismo. La Charities and Societies Proclamation de 2009 limitan mucho la libertad de asociación de grupos de la sociedad civil.

Las autoridades introdujeron reformas como respuesta a las continuas protestas comenzadas en noviembre del 2015 en los estados regionales de Oromia y Amhara. En enero de 2016, el gobierno canceló el controvertido Plan Maestro de Addis Abeba, una de las causas principales de las manifestaciones pacificas en Oromia, que habría expandido la capital a costa de terrenos propiedad de agricultores oromos. Sin embargo, las medidas adoptadas no abordaron los motivos de queja de las personas que protestaban en contra del EPRDF, entre otros los relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales, el respeto del Estado de derecho y la liberación de personas presas por motivos de conciencia. Las protestas continuaron incluso después de la cancelación del plan y encontraron una reacción excesiva por parte de la policia, que llegó a usar gas lacrimógeno contra la gente. Las fuerzas armadas mataron a cientos de manifestantes (500 según el gobierno, 800 según organizaciones de derechos humanos) y prendieron a miles de ellos (entre los presos estaban líderes de la oposición Oromo Federalist Congress). Las autoridades siguen arrestando arbitrariamente y procesando por razones políticas. La tortura es un gran problema durante la detención, y el país retiene la pena de muerte. El gobierno no está tomando medidas en favor de la transparencia de las investigaciones y Etiopía está entre los países que más reprimen a los periodistas.

En octubre de 2016 el primer ministro Haile Mariam Desalegne anunció el estado de emergencia durante 6 meses, aumentando el poder del ejército, el control y la represión de los medios de comunicación e imponiendo un toque de queda

La represión contra defensores y defensoras de los derechos humanos, medios de comunicación independientes, periodistas, autores de blogs, manifestantes pacíficos y miembros y dirigentes de la oposición política se intensificó durante el año 2016, a menudo recurriendo a disposiciones de la Proclamación Antiterrorista de 2009. La declaración del estado de excepción supuso restricciones adicionales de la libertad de expresión, que incluyeron bloqueos intermitentes de Internet.

En virtud del estado de excepción, más de 11.000 personas fueron detenidas y recluidas sin acceso a abogados, familiares o jueces. Entre los detenidos arbitrariamente figuraban Befeqadu Hailu, miembro del grupo de blogs Zone-9, Merera Gudina, presidente del Congreso Federalista Oromo, Anania Sorri y Daniel Shibeshi, miembros del ya inexistente Partido de la Unidad para la Democracia y la Justicia (Andinet), y Elias Gebru, periodista. Cuatro miembros de la ONG nacional Consejo Etíope de Derechos Humanos —Addisu Teferi, Feqadu Negeri, Roman Waqweya y Bulti Tessema— fueron detenidos en Neqmte, Oromia.

Hubo activistas políticos que se enfrentaron a juicios injustos por cargos presentados en virtud de la Proclamación Antiterrorista, que incluía definiciones excesivamente amplias e imprecisas de actos terroristas punibles con hasta 20 años de prisión.

Los dirigentes de la oposición política Gurmesa Ayano y Beqele Gerba, adjunto a la dirección del Congreso Federalista Oromo, fueron algunos de los 22 acusados que se enfrentaron a un juicio injusto por cargos presentados en virtud de la Proclamación Antiterrorista (2009) por su participación en la organización de la protesta de noviembre de 2015 en Oromia. El 11 de mayo, cuando debían comparecer ante el tribunal, las autoridades se negaron a llevarlos porque vestían trajes negros en señal de duelo por las personas que habían perdido la vida durante las protestas. Para su siguiente comparecencia ante el tribunal, el 3 de junio, las autoridades penitenciarias llevaron a los acusados al tribunal en ropa interior. Los acusados se quejaron ante el tribunal de que los habían golpeado bajo custodia y de que los funcionarios de la prisión les habían quitado su ropa. El tribunal no ordenó la apertura de una investigación sobre sus denuncias de tortura y otros malos tratos.

En junio de 2016 las tensiones entre Etiopía y Eritrea se agravaron en la ciudad de Tsorona, en el límite al norte del país. La situación ha posteriormente vuelto a una incómoda normalidad.

Twitter: @benbrunati
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