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El estado de los derechos humanos en Burundi
28 de julio de 2017
La crisis política originada por la decisión del presidente Nkurunziza en 2015 de aspirar a un tercer mandato se endureció cada vez más. La tortura y otros malos tratos continuaron siendo perpetrado a un ritmo alarmante y con impunidad por la SNR, la policía y el Imbonerakure, el ala juvenil del partido gobernante. La libertad de expresión está reprimida en todos los niveles de la sociedad.
Por Giulia Greppi

Desde 1966 Burundi es una república presidencial y el actual Jefe de Estado y de Gobierno es el Presidente de la República Pierre Nkurunziza. La inestabilidad política ocurrida en la región, debido a diferencias entre los tutsi y los hutu, provocó dos guerras civiles y genocidios en el año 1970 y de nuevo en los 90. Avances democráticos realizados después de la guerra civil de 12 años que terminó en 2005 están siendo rápidamente desechos por un cambio hacia una política autoritaria y la represión en curso y la violencia contra la oposición y aquellos que son percibidos para apoyarlo.

El país es abolicionista para todos los delitos: no emplea la pena de muerte.

La crisis política originada por la decisión del presidente Nkurunziza en 2015 de aspirar a un tercer mandato se endureció cada vez más y estuvo acompañada de un agravamiento de la crisis socioeconómica. Esta medida generó la violencia de Nkurunziza incluyendo asesinatos, detenciones y tortura de críticos del gobierno, y la escalada de ataques de las fuerzas antigubernamentales en 2015. En 2016 la represión y la persecución de los sospechosos de oponerse presidente Pierre Nkurunziza continuaron. Al final del año, más de 300.000 personas habían huido como refugiados de Burundi dos a la crisis en curso.

Un sinnúmero de personas fue asesinada ilegalmente en asesinatos selectivos e indiscriminados relacionados con la crisis. Las ONG continuaron informando sobre el descubrimiento de fosas comunes. El análisis de Amnistía Internacional sobre imágenes de satélite y videos de un sitio en Buringa, cerca de la capital, Bujumbura, apoyó testimonios de que las personas asesinadas por las fuerzas de seguridad en diciembre de 2015 fueron posteriormente enterradas en fosas comunes. En febrero el alcalde de Bujumbura mostró a los medios una tumba en la vecindad de Mutakura de la capital que él alegó fue excavada por los miembros de la oposición. El gobierno no aceptó ofertas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Investigación Independiente de la ONU sobre Burundi (UNIIB) para ayudar a documentar las presuntas fosas comunes.

La tortura y otros malos tratos continuaron siendo perpetrado a un ritmo alarmante y con impunidad por la SNR, la policía y el Imbonerakure, el ala juvenil del partido gobernante. Métodos documentados incluyen: golpear con ramas, barras de hierro y bastones; shocks eléctricos; estampación sobre las víctimas; negación de atención médica; abuso verbal; y threats. Las personas que se negaron a unirse a la Imbonerakure dijeron que fueron golpeados durante el arresto y la detención, al parecer como castigo. Otros fueron golpeados mientras intentaban huir del país. Aumentó la violencia contra las mujeres y las niñas. Se reprimió el derecho a la libertad de expresión y de asociación. A raíz del aumento de la represión y la impunidad sin trabas, se instaló un clima de temor en la capital y otros lugares. Al terminar el año, unos tres millones de personas necesitaban asistencia humanitaria debido a la crisis política, el hundimiento de la economía y una serie de desastres naturales.

Las iniciativas de mediación bajo los auspicios de la Comunidad de África Oriental se estancaron, pese a la designación como mediador del ex presidente de Tanzania, Benjamin Mkapa, en marzo. La Comisión Nacional para el Diálogo entre las Partes Interesadas de Burundi informó de que la mayoría de los participantes había pedido reformas constitucionales, entre ellas la supresión de la limitación de mandatos. Dado que muchos burundeses estaban en el exilio o temían expresar su disidencia, las conclusiones de la Comisión corrían el riesgo de ser sesgadas.

La Unión Africana renunció a desplegar la fuerza de protección propuesta en diciembre de 2015 y decidió enviar en su lugar una delegación de cinco jefes de Estado y de gobierno africanos a Burundi en febrero. En julio, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el despliegue de hasta 228 agentes de policía, medida que fue rechazada por el gobierno.

En mayo, el Tribunal Supremo condenó en apelación a cadena perpetua a 21 oficiales del ejército y de la policía por su participación en el golpe de Estado fallido de mayo de 2015. Otros 5 fueron condenados a dos años y 2 fueron absueltos. Las condenas eran más severas que las impuestas en enero.

El 20 de agosto, el general Evariste Ndayishimiye fue elegido secretario general del partido gobernante, Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD).

Tras varios meses de consultas, en marzo la Unión Europea decidió suspender el apoyo económico directo al gobierno en espera de revisiones periódicas. En octubre, la Unión Europea consideró que los compromisos propuestos por el gobierno para abordar sus preocupaciones eran insuficientes para reanudar el apoyo económico directo. La Unión Europea renovó las sanciones impuestas a cuatro hombres por considerar que “comprometían la democracia u obstaculizaban la búsqueda de una solución política a la crisis de Burundi”, al incitar a actos de represión contra manifestaciones pacíficas o participar en el fallido golpe de Estado. Asimismo, Estados Unidos impuso sanciones a otras 3 personas, lo que elevó a 11 el total de sancionados por este país.

El acceso a servicios básicos se vio dificultado por la inseguridad y el deterioro de la economía. La reducción de la ayuda económica externa dio lugar a restricciones

presupuestarias masivas. Los desastres naturales, como inundaciones, desprendimientos de tierras y tormentas, agravaron la situación. Las organizaciones humanitarias calculaban que en octubre había 3 millones de personas necesitadas de asistencia, frente a los 1,1 millones en febrero. En agosto se declaró una epidemia de cólera; el número de casos de malaria casi duplicaba el observado en 2015.

Jean Bigirimana, periodista del medio de comunicación independiente Iwacu, fue visto por última vez el 22 de julio. Un colega suyo recibió una llamada telefónica diciendo que se lo habían llevado personas que, según se creía, eran miembros del SNR. Más tarde se hallaron en un río dos cuerpos en avanzado estado de descomposición; ninguno pudo ser identificado. La libertad de expresión está reprimida en todos los niveles de la sociedad.

Cientos de estudiantes de enseñanza secundaria fueron expulsados temporalmente por garabatear una fotografía del presidente que figuraba en sus libros de texto. En junio, decenas de estudiantes fueron detenidos y acusados de insultar al presidente en las provincias de Muramvya, Cankuzo y Rumonge, entre otros lugares. Dos fueron acusados formalmente de participar en un movimiento de insurrección y de movilizar a los estudiantes para que se manifestaran. Los demás quedaron en libertad a mediados de agosto.

Se persiguió a periodistas burundeses e internacionales, pese a la reapertura de dos emisoras de radio privadas en febrero. Phil Moore y Jean-Philippe Rémy, que trabajaban para el periódico francés Le Monde, fueron detenidos en enero. La periodista estadounidense Julia Steers, el periodista burundés Gildas Yihundimpundu y el chófer burundés de ambos fueron detenidos el 23 de octubre. Julia Steers fue llevada a la embajada de Estados Unidos ese mismo día, pero Gildas Yihundimpundu y el chófer pasaron la noche recluidos en el SNR. Léon Masengo, periodista de Isanganiro FM, estuvo detenido durante un breve periodo el 11 de noviembre tras informar sobre el interrogatorio de un agente de policía acusado de numerosas violaciones de derechos humanos.

En octubre, el ministro del Interior prohibió cinco destacadas organizaciones de derechos humanos cuyas actividades habían sido suspendidas en 2015. A la semana siguiente prohibió otras cinco, una de las cuales, Lique Iteka (Liga Burundesa de Derechos Humanos) fue cerrada de forma permanente en diciembre, tras la publicación de un controvertido informe.

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