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El estado de los derechos humanos en Cuba
6 de octubre de 2017
El gobierno cubano todavía se niega a reconocer la defensa de los derechos humanos como actividad legítima, y niega estatus legal a organizaciones independientes locales. Recientemente, el régimen cubano comenzó a aplicar arbitrariamente la negativa a salir y regresar al país a varios activistas democráticos, en un retroceso de la reforma migratoria de hace cuatro años.
Por Diana Arévalo
@arevalo88diana

Desde el 2015, cuando se reestablecieron las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, se presentaron una serie de sucesos entre los que se destacaron la primer visita realizada a Cuba por un presidente de Estados Unidos en casi un siglo (Barack Obama) y el fallecimiento de Fidel Castro. Esto proyectó una sensación de apertura política en Cuba, acompañada de un auge importante del sector turístico y la aparición de medios de comunicación alternativos cubanos que según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), permitió que periodistas y bloggers encontraran más espacio para ser críticos y profundizar en temas ignorados por la prensa estatal. Sin embargo, el gobierno de los Castro continúa reprimiendo las libertades civiles y políticas fundamentales, castigando el disenso y la crítica pública por medio de tácticas represivas denigrantes, detenciones arbitrarias y golpizas, entre otras prácticas.

El Partido Comunista de Cuba (PPC) es el único partido político que rige en la isla desde 1965, toda organización política fuera de este es ilegal y no se permite la campaña independiente. Está claro que Cuba es un estado comunista, donde el gobierno monopoliza la mayor parte de la actividad económica en empresas estatales centralizadas e ineficientes y donde los cubanos que critican al gobierno siguen expuestos a la amenaza de ser perseguidos penalmente, sin el derecho a ser oídos en audiencias públicas y con las debidas garantías por un tribunal competente e imparcial. Las condiciones en los centros de detención son precarias, debido a la sobrepoblación en las prisiones y a las arbitrariedades que se cometen contra los reclusos, quienes son obligados a trabajar durante largas jornadas.

Es preciso tener en cuenta que como indica Amnistía Internacional en su informe sobre Cuba, este país no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y tampoco el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Asimismo, tampoco ha reconocido la competencia del Comité contra la Tortura ni del Comité contra la Desaparición Forzada.

Violaciones a las libertades civiles y políticas

El gobierno cubano actualmente continúa recurriendo a las detenciones arbitrarias sin fundamentos claros, y al encarcelamiento por períodos breves como una táctica represiva, que busca intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos, periodistas, artistas, intelectuales y a todo aquel que no siga lo establecido por el régimen. Según Human Rights Watch entre enero y agosto de 2016 la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional —una organización independiente de derechos humanos— recibió más de 7.900 denuncias de detenciones arbitrarias.

En lo que va de este año aumentaron los casos de detención arbitraria, como ocurrió el 20 de julio del presente año, cuando la activista del Foro por los Derechos y Libertades Ailer González, fue arrestada arbitrariamente frente a su casa, donde funciona Estado de Sats. Como también lo indica el informe, estas detenciones muchas veces son preventivas con el fin de evitar que particulares y organizaciones de la sociedad civil, que no son reconocidas y  no tienen autorización oficial por parte del gobierno, participen de marchas pacíficas o cualquier tipo de exposición pública. Un caso conocido es el de las Damas de Blanco, cuyas integrantes constantemente son hostigadas  y detenidas por el simple hecho de pedir por  la liberación de sus familiares y presos políticos todos los domingos.

A pesar de las promesas del gobierno de mejorar el servicio de Internet en Cuba, según Amnistía Internacional continúan las restricciones de acceso a Internet como método fundamental para controlar la libertad de expresión y el libre acceso y circulación de información. Sólo el 25% de la población podía conectarse a Internet, y únicamente el 5% de los hogares tenía acceso a la red. Como indica el CPJ, los periodistas cuentan con acceso limitado, altos costos y una censura esporádica. Para superar estos obstáculos, los bloggers están utilizando formas innovadoras de acceso y distribución de contenido.  

Es un hecho que el gobierno controla en su totalidad los medios de comunicación de la isla y restringe el acceso a la información proveniente del extranjero. Reporteros y corresponsales de medios independientes que informan lo que sucede en el país, se enfrentan constantemente a los obstáculos que el gobierno les impone con el fin de impedir el ejercicio de su labor. Desde el martes 25 de julio de este año, Sol García Basulto periodista independiente y corresponsal en Camaguey del portal 14ymedio, se encuentra en condición de arresto domiciliario después de que la policía le impusiera “una medida cautelar de prisión domiciliaria”. García Basulto, junto con el periodista independiente Henry Constantín Ferreiro, han sido  hostigados por formar parte del equipo editorial de la revista La Hora de Cuba y colaborar con otros medios digitales.

Restricciones a la posibilidad de viajar

Según HRW, las reformas a las reglamentaciones sobre viajes que entraron en vigor en enero de 2013, eliminaron la necesidad de solicitar una visa de salida para viajar fuera de la isla, permitiendo que muchas personas a quienes anteriormente se les había negado este permiso pudieran hacerlo. Sin embargo, durante el mes de junio de este año, más de una decena de cubanos entre los que se encontraban periodistas y activistas, no pudieron participar en diversos eventos a los cuales habían sido convocados fuera de Cuba. A la activista y artista Lía Villares, en lo que va del año se la ha impedido salir del país en dos ocasiones sin justificación alguna. Con este tipo de restricciones y arbitrariedades, el gobierno una vez más viola de manera impune el artículo 13  de la Declaración Universal de DDHH, que afirma que toda persona tiene derecho a salir y regresar libremente a su país.

Derechos laborales

En 2014 se actualizó el Código de Trabajo en la isla, pero el gobierno continua violando convenios de la Organización Internacional del Trabajo que ha ratificado, especialmente en materia de libertad de asociación (en la práctica Cuba permite únicamente una confederación de sindicatos controlados por el Estado), negociación colectiva, protección salarial y prohibición de trabajo forzado, según el último informe de Human Rights Watch.  

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