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Un proyecto que evoca a las dictaduras latinoamericanas
4 de agosto de 2009
El proyecto responde a la idea del gobierno de Chávez de confrontar "nuevas formas de criminalidad surgidas de los medios". La definición de delitos mediáticos tiene reminiscencias de las leyes arcaicas adoptadas décadas atrás por las dictaduras latinoamericanas e incluso un lenguaje similar al utilizado por la híper restrictiva Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba.
Por Carlos Lauría

Propiciado por el propio presidente, Hugo Chávez desde su "Aló Presidente", el proyecto para castigar con penas de prisión los "delitos mediáticos" presentado por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, es una de las piezas legislativas más retrógradas en contra del derecho a la libertad de expresión que registre América Latina desde la restauración democrática en los años ochenta.

El proyecto responde a la idea del gobierno de Chávez de confrontar "nuevas formas de criminalidad surgidas de los medios", según explicó la fiscal Ortega ante los aplausos de los legisladores oficialistas en la Asamblea Nacional.

La iniciativa está dirigida a "prevenir y sancionar las acciones u omisiones desplegadas a través de los medios de comunicación que puedan ser constitutivas de delitos", según el artículo 1.

La definición de delitos mediáticos tiene reminiscencias de las leyes arcaicas adoptadas décadas atrás por las dictaduras latinoamericanas e incluso un lenguaje similar al utilizado por la híper restrictiva Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba.

Según consiga el texto, incluye, "las acciones u omisiones que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad" y sean cometidas a través de un medio de comunicación.

El proyecto estipula penas de cárcel de entre seis meses y cuatro años.

La introducción del proyecto no es casual sino que precede a una escalada en la embestida del gobierno venezolano contra la oposición política y los medios privados, acentuada desde la decisión de Chávez en 2007 de dejar fuera del aire al principal canal privado de televisión, RCTV, el más duro crítico del chavismo.

Desde entonces, el gobierno emprendió una campaña sistemática de acoso e intimidación que incluye el cierre de 34 radios privadas, la apertura de procedimientos administrativos para revocar las concesiones a cientos de emisoras, anuncios sobre mayores regulaciones al cable y al satélite para transmitir las cadenas presidenciales y un ataque furibundo, y desde todos los ángulos, al canal de 24 horas Globovisión, la única emisora crítica en el aire.

Además de infringir estándares internacionales sobre libertad de expresión, el proyecto contradice a una serie de decisiones a nivel regional y a un voluminoso cuerpo jurídico en el sentido que los periodistas nunca deben ser encarcelados por su labor informativa. De aprobarse, será un retroceso serio que le hace un gran daño a la democracia venezolana.

Carlos Lauría es Coordinador senior del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas de Nueva York (CPJ, por sus siglas en inglés) y miembro del Consejo Consultivo de CADAL.

 

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