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El Parlamento se esconde
28 de diciembre de 2016
(Cubaencuentro) Sin leyes claras con reglamentos de ley que limiten la arbitrariedad, sin instituciones transparentes que respondan a los intereses de los ciudadanos, y sin transparencia en las políticas públicas, tenemos un país desvencijado que vive una cotidianidad con las reglas de la jungla.
Por Marlene Azor Hernández

(Cubaencuentro) He leído en varias ocasiones desde el año pasado, el rumor, que no noticia firme, sobre varias leyes importantes que se deben dictar en el país, luego de diez años de reformas del Gobierno de Raúl Castro. Los rumores de nuevas leyes son: una ley de empresas “socialistas”, anunciada en 2015 para publicarse en 2017; una nueva ley electoral que ¿sería? para 2018; una reforma constitucional que nadie precisa para cuando; el respaldo de la personalidad jurídica para las PYMES anunciada para el quinquenio 2016-2021 y una nueva ley de cine anunciada para el mismo período en los Lineamientos. Resulta asombrosa la lentitud del Gobierno para legalizar en algo la actividad económica, social y cultural, que hasta ahora navega en la más evidente arbitrariedad. Las pérdidas por los costos de oportunidad son enormes, el país sigue atascado en una crisis endémica y la nomenclatura paralizada y/o acumulando su capital propio. Mientras los países “normales” se toman dos o tres meses para elaborar, revisar y aprobar una ley, el Gobierno cubano se toma diez años y no las produce ni las cambia: elimina algunas prohibiciones y crea un nuevo código laboral que reproduce la prohibición de la libertad sindical, de huelga y la defensa de un salario mínimo que responda al trabajo necesario.

Límites absurdos a la actividad económica, restricciones sociales de la pobreza generalizada y disminución de la seguridad social que no se publican, represiones a artistas e intelectuales completamente arbitrarias y la sistemática represión funesta a la discrepancia sean opositores o no lo sean.

El Gobierno cubano está fuera del tiempo real de la política: autárquico y atrincherado en sí mismo, siempre mirando hacia fuera a ver cómo están los aires, haciendo una febril política exterior de apoyo político, y sin enmendar los graves problemas nacionales. Estos no son importantes para el Gobierno que solo busca nuevos subsidios en el exterior. ¿Independencia nacional?

Con una fuerte contracción económica anunciada desde julio de este año, el Gobierno impone nueve días de duelo y moviliza todos los recursos en transporte y petróleo para compulsar a la población a hacer tributos al tirano fallecido y para entorpecer la actividad económica del país. Los símbolos, y no la pobreza real, es lo que preocupa al Gobierno cubano. El 2 de enero está anunciado un desfile militar, con prácticas de ensayo el 28 y el 30 de diciembre. Otro derroche de recursos, de gasolina, de ómnibus, de merienda para los “cuadros” movilizados y las tropas desplazadas del ejército.

Dictadura al fin, no rinde cuentas de esta insensibilidad política contra la ciudadanía que no ve opciones y se marcha en masa del país.

Para hacer un país viable hay que trazar no los Lineamientos y la Conceptualización, documentos que por su tónica general, falta de plazos y sus lentos cambios, solo sirven para continuar en la más absoluta arbitrariedad. Son imprescindibles las leyes que legalicen la actividad económica, social y cultural, civil y política, porque sin reglas claras se produce ese caos en el cual vive la sociedad cubana a diario: el reino de la arbitrariedad, la incertidumbre y la corrupción.

Para hacer un país viable, es necesario contar con instituciones que respalden las leyes del país, al margen del PCC, los militares y los órganos de la seguridad del Estado, y no, como apuntan hace rato muchos sectores de la sociedad civil independiente, unas instituciones disfuncionales que no sirven a los fines para los cuales fueron creadas, salvo el MININT, que tiene sus mecanismos arbitrarios de represión bien aceitados.

Para hacer un país viable hay que hacer políticas públicas sensatas, que sean bien diseñadas, y puedan ser evaluadas por ciudadanos y especialistas, sin tener necesidad de hacer “aproximaciones” o convertirse en detective y no en investigador, para de todas formas no tener los datos y las evaluaciones más precisas sobre las ocultas e incompetentes políticas públicas.

Ningún ministerio involucrado en la economía ni las numerosas OCDEs producen de acuerdo a la demanda nacional. Es la economía de la penuria.

Solo un botón de muestra:

La política de la seguridad social en el país es errática.

El investigador Carmelo Mesa Lago señala:

Es que ha habido una notable reducción de la asistencia social. En el VI Congreso del Partido de 2011 se acordó que a aquellas personas jubiladas y pensionadas con alguien en la familia en condición de ayudarlos se le retiraría la pensión. Ha habido una caída drástica tanto en términos de números de personas que reciben asistencia social como en términos de presupuesto. La reducción presupuestaria es de 2,2 % a 0,3 % entre 2008 y 20013. La reducción de la población atendida es 5,3 % a 1,5 %. Claro, la política de la focalización se aplica en todas partes para evitar que los beneficios lleguen a los que no las necesitan, pero Cuba tiene una situación muy especial de necesidad a nivel nacional. Entonces, decirle a la gente “si tú tienes familiares o parientes que te ayuden ya no te doy pensión”, conlleva que esas personas pueden estar en una situación muy difícil también. Eso afecta enormemente a los jubilados y pensionados y va en contra de lo que está ocurriendo y es que, las reformas económicas son racionales, y yo estoy de acuerdo con ellas, pero, muchas provocan efectos sociales adversos. Si hay una expansión de la población vulnerable, como estoy seguro que la hay —para no decir pobre—, en vez de reducirse la asistencia social debe extenderse. Para paliar los efectos adversos de las reformas estructurales debe haber una red mínima de protección social.[1]

El investigador Mesa Lago también señala:

Las fuerzas armadas (FAR) y el personal de seguridad interna (MININT), cuentan con programas separados de pensiones que son más generosos y costosos que el sistema general de seguridad social… Para financiarlo adecuadamente se necesitaría una cotización salarial de 118 %, por lo que en la actualidad el Estado financia todos los gastos de este programa.[2]

¿Por qué los órganos represivos del país tienen este sistema de seguridad social, muy por encima del resto de la población, cuando no producen ni bienes ni servicios para el desarrollo económico de la nación? Los militares pueden retirarse a partir de cumplir 45 años de edad.

Sin leyes claras con reglamentos de ley que limiten la arbitrariedad, sin instituciones transparentes que respondan a los intereses de los ciudadanos, y sin transparencia en las políticas públicas, tenemos un país desvencijado que vive una cotidianidad con las reglas de la jungla.

El Granma no publicó la agenda de la reunión del Parlamento del 27 de diciembre, el Gobierno se esconde, y la Mesa Redonda “selecciona” los momentos menos catastróficos del panorama nacional, para intentar atenuar el nivel de desastre económico del país por sus erráticas políticas económicas.


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