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Cuba: ¿salida o voz?
14 de enero de 2017
(La Razón/México) Visto en perspectiva, este último capítulo cubano de la administración Obama es otra manera de trasladar la iniciativa de los cambios al interior de la isla. Quien deberá recibir a 35 mil deportados, bajo la observación de organismos internacionales de derechos humanos, y responder ante el elevado potencial migratorio de la juventud será quien debió hacerlo desde un inicio: el Gobierno cubano.
Por Rafael Rojas

(La Razón/México) A una semana de culminar su mandato, el presidente Barack Obama ha tomado la medida más problemática, desde el punto de vista humanitario, de la nueva política hacia Cuba: la eliminación del protocolo migratorio de “Pies secos, pies mojados”, establecido por Bill Clinton tras la crisis de los balseros de 1994, y de las facilidades de naturalización, en Estados Unidos, para médicos y profesionales cubanos. Aunque la Ley de Ajuste de 1966, que asegura la regularización migratoria de refugiados de la isla, sigue en vigor, esta medida significa un intento de cortar el creciente flujo de emigración ilegal desde Cuba, por vía marítima, a través del estrecho de la Florida, o terrestre, por la frontera mexicana.

En los últimos años, la derogación de la Ley de Ajuste se convirtió en una demanda compartida por el gobierno cubano y una parte del liderazgo del exilio. Para unos, dicha ley es el principal aliento a la emigración ilegal, como si la gente emigrara por puro espejismo o por sentirse satisfecha en su lugar de residencia. Para otros, se trata de una válvula de escape que priva a la isla de un segmento inconforme de la ciudadanía, que eventualmente podría presionar en favor de la democracia. Ambas posiciones tienen algo de razón, pero me temo que la mayoría de los cubanos, dentro y fuera de la isla, son favorables a la permanencia de esa legislación.

La emigración ilegal por cualquiera de las dos vías es de alto riesgo —miles de cubanos han muerto en el mar en las tres últimas décadas— y, en el caso de la ruta centroamericana y mexicana, desde Ecuador hasta California, Arizona, Nuevo México o Texas, genera múltiples conflictos fronterizos. En los últimos años, algunos de esos conflictos han provocado tensiones diplomáticas entre Colombia y Panamá y, sobre todo, entre Costa Rica y Nicaragua, al cerrar el gobierno de Daniel Ortega, en acuerdo con el de Raúl Castro, el paso a los cubanos que seguían camino hacia Estados Unidos.

La nueva disposición de Obama busca poner fin a esa desgracia, pero produce otra, más inmediata, entre los cientos de cubanos que ya están en la ruta centroamericana, y emplaza frontalmente al potencial migratorio de la isla, sobre todo joven, que las propias autoridades cubanas calculan en cerca de un millón de personas. Las últimas encuestas realizadas en Florida International University (FIU), en Miami, revelan que así como el número de cubanos favorables a la normalización diplomática crece, una mayoría sigue estando en favor de la vigencia de la Ley de Ajuste.

Como en 1994, cuando estalló la crisis de los balseros, el dilema conecta con la conocida tesis de Albert O. Hirschman sobre “salida, voz y lealtad” en sociedades cerradas. Es cierto que la salida desvía o difiere la voz —no la silencia—, pero también es cierto que fractura la lealtad. Para muchos cubanos la salida sigue siendo la mejor opción de obtener un trabajo acorde con su formación profesional y de ejercer las libertades públicas que no poseen en la isla. Un impacto negativo de esta medida es que puede contribuir a la criminalización de la diáspora que tradicionalmente ha sostenido el Gobierno cubano.

Aun así, visto en perspectiva, este último capítulo cubano de la administración Obama es otra manera de trasladar la iniciativa de los cambios al interior de la isla. Quien deberá recibir a 35 mil deportados, bajo la observación de organismos internacionales de derechos humanos, y responder ante el elevado potencial migratorio de la juventud será quien debió hacerlo desde un inicio: el Gobierno cubano. Y quienes, a falta de salidas, tendrán que levantar la voz y demandar los derechos que les sustrae un régimen obsoleto serán los propios ciudadanos de la isla.

Fuente: La Razón (México)

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