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Cuba y Venezuela: Dios los cría...
7 de abril de 2017
(Cubanet) Sus tribunales acaban de demostrar una vez más el sometimiento total al poder. Los flamantes magistrados chavistas dictaminaron: “Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga”. Por su parte, en Cuba, la ilegalidad reciente tuvo un nivel más bajo, en ambos sentidos del vocablo. La Dama de Blanco Lismerys Quintana Ávila, también de manera urgente, fue sometida a un proceso espurio y condenada a seis meses de prisión —la sanción máxima imponible— por un dócil Tribunal Municipal.
Por René Gómez Manzano
@ReneGomezM

(Cubanet) En días recientes, la inexistencia de un verdadero Estado de derecho se ha puesto de manifiesto en los dos países del “Socialismo del Siglo XXI” que alcanzan las más altas cotas de arbitrariedad e injusticia: Cuba y Venezuela. En esta última república la iniquidad tuvo lugar al más alto nivel, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo.

Los flamantes magistrados chavistas dictaminaron: “Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga”.

De paso, el alto órgano jurisdiccional también retiró la inmunidad a los diputados. Se trataba —pues— de un golpe de Estado en toda la línea; sólo que no militar o congresional, sino judicial. Claro, no por ocurrencia propia de los jueces, sino por órdenes de Maduro, pues ya se sabe que la supuesta independencia de ese poder es hoy una ficción en la patria del Libertador.

Las voces de protesta no se hicieron esperar: en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges tildó la vergonzosa sentencia de “basura” y la rasgó ante las cámaras de televisión. Comenzaron las protestas de estudiantes y otros inconformes. En el plano internacional, se convocó al Consejo Permanente de la OEA; Perú retiró su Embajador de Caracas. Hasta los complacientes mediadores Torrijos, Fernández y Rodríguez Zapatero descalificaron la burda maniobra.

Pero hubo desmarques no sólo de demócratas: Un personaje tan poco sospechoso de antichavismo como la fiscal general venezolana Luisa Ortega (sí, la misma que calificó al “Comandante Eterno” como “el hombre más humanista que ha existido en el planeta” y defensora a ultranza del injusto encierro de Leopoldo López) calificó lo sucedido en su país como una “ruptura del orden constitucional”.

Convocado de urgencia, el Consejo de la Defensa de Venezuela pidió al Tribunal Supremo “revisar” las sentencias que dejaron sin funciones al Parlamento. Los obedientes magistrados, de manera fulminante, aplicaron aquello de “donde dije digo, digo Diego”…

Por su parte, en Cuba, la ilegalidad reciente tuvo un nivel más bajo, en ambos sentidos del vocablo. La Dama de Blanco Lismerys Quintana Ávila, también de manera urgente, fue sometida a un proceso espurio y condenada a seis meses de prisión —la sanción máxima imponible— por un dócil Tribunal Municipal.

Como antecedente de esa injusticia, debemos recordar la nueva treta que emplea la policía política contra esas admirables mujeres: De inicio, se les impone de modo arbitrario una multa por una contravención que no existe. Tras la negativa a abonar la ilegal pena pecuniaria, la inculpada (en este caso, Lismerys) es conducida a un Tribunal Municipal para ser juzgada.

El delito imputado es “incumplimiento de las obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones”, y está previsto en el artículo 170 del vigente Código Penal. En virtud de ese precepto puede ser sancionado “el que no cumpla las obligaciones derivadas de una resolución que haya agotado sus trámites procesales legales, dictada por autoridad o funcionario competente, relativas a contravenciones”.

Conforme a la oración final de esa norma, “si antes de dictarse sentencia, el acusado satisface las obligaciones derivadas de dicha resolución, se archivarán las actuaciones”. El propósito del legislador, obviamente, no era establecer un mecanismo para enviar una persona más a prisión, sino para disuadirla de impagar la pena pecuniaria impuesta.

Pero ya se sabe que, en Cuba, “quien hizo la ley, puso la trampa”. Tratándose de alguien que discrepa y lo dice, cualquier tergiversación del recto sentido de las normas es válida para las autoridades castristas. ¿Qué posibilidades reales de abonar la multa tenían Lismerys o sus seres queridos si ella estaba detenida y los segundos desconocían en qué situación se encontraba?

Sabemos que el represor que “la atendía” (quien se hace llamar “Luisito”, pero cuyo nombre verdadero —cosa insólita— se conoce: Ariel Arnau Grillette) fue veraz en los mensajes de texto con los que acosaba a esta madre cubana. Los conocemos gracias a la inventiva del valiente luchador Ángel Moya Acosta: “la desicion de ir a prision esta en mi mano”, escribía el corchete. Una frase en la que no sabemos qué admirar más: si su creativa ortografía o el desparpajo con el que dice lo que todo el mundo sabe, pero suele callarse…

No obstante, lo determinante en este caso no es lo que pretendiera la tenebrosa Seguridad del Estado, sino el sometimiento de un tribunal a los designios de ese órgano represivo. Es así como los “órganos de justicia” de Cuba y Venezuela, una vez más, se han hermanado en la ignominia.

Fuente: Cubanet

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