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El estado de los derechos humanos en Sudán del Sur
12 de julio de 2017
Entre las violaciones reportadas por Amnistía Internacional se cuentan el saqueo de áreas pobladas por civiles, asesinatos, torturas y violaciones sexuales tanto de parte de guerrillas de la oposición como de fuerzas del gobierno. El Asesor Especial para la Prevención del Genocidio de las Naciones Unidas reportó en noviembre de 2016 que la lógica étnica del conflicto y la escalada en la violencia ha sentado las bases para un potencial genocidio al interior del país.
Por Ezequiel Podjarny

Luego de un referéndum, la República de Sudán del Sur obtuvo su independencia de Sudán en el año 2011. La escisión fue el resultado de negociaciones de paz entre el norte y el sur luego de décadas de conflicto que resultaron en la muerte de cientos de miles y en más de un millón de refugiados que abandonaron el país, aunque una gran parte de las consecuencias del conflicto se le atribuyen a los enfrentamientos entre las 60 etnias que componen la población de Sudán del Sur que se unieron para enfrentar a Jartum y obtener su independencia, según lo relatado por el diario El País.

Sudán del Sur se organizó como una república presidencialista, pero el funcionamiento de la administración pública no pudo superar la lógica de divisiones étnicas e instalar las bases legales del Estado.

Desde marzo de 2013, Sudán del Sur se vio sumergida en una nueva guerra civil que fue detonada por las crecientes tensiones étnicas que llevaron al presidente Salva Kiir a denunciar a su vicepresidente, Riek Machar, de planear un intento de golpe de Estado contra el gobierno, lo que empujó a los grupos étnicos a retornar a la actividad armada.

En el año 2015 se alcanzó un acuerdo de paz que llevó a la restitución del Riek Machar como vicepresidente y dio comienzo a un proceso de transición que entró en crisis luego de que una serie de enfrentamientos que provocaron que el vicepresidente Machar huya hacia el sur. El presidente Kiir nombró a otro político de la oposición, Taban Deng Bai, que fue reconocido por la comunidad internacional, pero el conflicto continúa.

Según Amnistía Internacional, el impacto del conflicto sobre la población civil ha alcanzado dimensiones comparables a la de otros conflictos como los que tienen lugar en Siria o Afganistán. Según el reporte y los datos provistos por la ACNUR y la OCHA, hay casi 2 millones de refugiados y desplazados internos y hay más de 5,5 millones de personas que dependen de la asistencia humanitaria de las Naciones Unidas para subsistir, lo que representa a más de un 40% de la población total.

En el marco del conflicto, se han producido una serie de violaciones contra el derecho internacional humanitario y los derechos humanos que podrían considerarse crímenes de guerra, pero el país no es adherente del Estatuto de Roma, por lo que la Corte Penal Internacional carece de jurisdicción para investigar estos asuntos. Entre las violaciones reportadas por Amnistía Internacional se cuentan el saqueo de áreas pobladas por civiles, asesinatos, torturas y violaciones sexuales tanto de parte de guerrillas de la oposición como de fuerzas del gobierno. El Asesor Especial para la Prevención del Genocidio de las Naciones Unidas reportó en noviembre de 2016 que la lógica étnica del conflicto y la escalada en la violencia ha sentado las bases para un potencial genocidio al interior del país.

Según el informe anual de Amnistía Internacional, el contexto del conflicto ha sido aprovechado por el gobierno para cometer una serie de violaciones a los derechos humanos, como el abuso de las detenciones arbitrarias dirigidas a miembros de la oposición acusados de apoyar a las guerrillas opositoras. En algunos casos, las detenciones dejan a los arrestados incomunicados por largos períodos de tiempo y son llevados a centros de detención clandestinos. Las condiciones de detención son deplorables y los reclusos se enfrentan  a torturas y malos tratos como la privación del acceso al agua y al alimento. Como resultado, muchos detenidos han muerto, han sido desaparecidos o sometidos a ejecuciones extrajudiciales.

Los posibles abusos de las fuerzas armadas y de seguridad del gobierno están siendo juzgados por tribunales militares y los juicios que se llevaron a cabo carecieron de credibilidad y de las garantías judiciales correspondientes. Esto, sumado a la demora en el establecimiento del tribunal híbrido contemplado en el acuerdo de paz, ha obstaculizado la rendición de cuentas frente a violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

En lo que respecta a derechos civiles y políticos, Freedom House reportó una caída en el goce de ambos y mantiene al país en la categoría de “No Libre”.

Según el reporte de la organización, el clima para el trabajo de periodistas y defensores de los derechos humanos ha empeorado, obligando a algunos de ellos a abandonar el país por razones de seguridad e intimidaciones. Varios medios opositores han sido intervenidos por el gobierno sin explicaciones concretas y el último periodista extranjero que quedaba en el país fue arrestado y deportado en diciembre de 2016. De acuerdo al reporte, las discusiones sobre política en espacios públicos se ven impedidas por la intimidación de las fuerzas de seguridad, que también han sido denunciadas por intimidar a quienes publican contenido opositor online.

Si bien la libertad de culto está garantizada en la constitución, las casas de oración y templos han sido objetivos de ataques de guerrillas dirigidos a grupos étnicos rivales.

En cuanto a la libertad de asociación y de asamblea, se producen manifestaciones organizadas en el país pero estas han sido víctimas del uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. También se han sancionado nuevas leyes que restringen la posibilidad de formar ONGs y que limitan su actividad. Estas leyes también han habilitado al gobierno para expulsar a organizaciones extranjeras sin explicaciones concretas.

El derecho a la propiedad es débil en la práctica y es violado recurrentemente en el contexto del conflicto. Esto se ve agravado por el retorno de refugiados de conflictos anteriores al país.

La igualdad de género en el plano económico está garantizada en la constitución, pero las mujeres han sufrido especialmente las consecuencias de la guerra civil. Ellas son víctimas de violencia doméstica, en parte gracias a la prevalencia de los matrimonios infantiles. También ha habido reportes de violaciones sexuales masivas de parte de combatientes y se han establecido redes de trata que apuntan especialmente a refugiadas, trabajadoras rurales y desplazadas internas. También hubo denuncias sobre el reclutamiento de niños como soldados en los grupos armados.

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