Puente Democrático

Todos los países que han vivido bajo dictaduras necesitaron la presión de la comunidad democrática internacional para liberarse de las mismas. Esas muestras de solidaridad sirvieron tanto para denunciar los abusos como para reclamar por el respeto a las libertades fundamentales y la apertura a la democracia.

Por eso, países como la Argentina, Chile y Uruguay, que bajo sus dictaduras recibieron tantas muestras de solidaridad internacional, tienen una obligación moral de ayudar a aquellos que al día de hoy en distintos lugares del mundo viven bajo regímenes represivos de las libertades democráticas fundamentales.

Los países democráticos, y muy en especial los de América Latina, en general legitiman a las dictaduras escudándose en la obsoleta doctrina Estrada de la "no intervención en los asuntos internos", tolerando así prácticas represivas y brindándoles a los tiranos un reconocimiento que no corresponde pues los cargos que ostentan son ilegítimos al no haber surgido de elecciones libres y competitivas. En tal sentido, es inconsistente también señalar que esos países existe la "autodeterminación de los pueblos". ¿Alguien podría justificar y mantenerse indiferente frente a las aberraciones de la Alemania Nazi argumentando tanto la "no intervención en los asuntos internos" como la "autodeterminación de los pueblos"?

Debería estar claro que el carácter UNIVERSAL de los Derechos Humanos obliga a los países democráticos a tener una agenda activa en su compromiso internacional con las libertades civiles y políticas más elementales. Ello significa: no permanecer neutral frente a las violaciones a los derechos humanos (Theo Van Boven) y, de esa forma, no ser cómplices del silencio que buscan las dictaduras (Héctor Timerman).

En definitiva, el Proyecto Puente Democrático del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), promueve tanto la solidaridad internacional con aquellos que viven bajo regímenes donde se reprimen las libertades democráticas fundamentales; como una agenda activa de política exterior en derechos humanos por parte de los países latinoamericanos.