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El estado de los derechos humanos en Tayikistán
:: 28 de julio de 2017

Por Sofía Frers
@FrersSofia
El presidente Emomali Rahmon ocupa la presidencia desde el año 1992. Frecuentemente la población sufre de arrestos arbitrarios, se han encarcelado más de 150 activistas desde 2015 y desde 2014, entre ellos al menos seis abogados de derechos humanos. El gobierno controla todos los medios. No hay libertad de asamblea y asociación.

Tayikistán es una república presidencial y su presidente Emomali Rahmon era parte del Partido Comunista durante los últimos años de la dominación soviética. En 1992 llegó a la presidencia durante la guerra civil, luego fue elegido en 1994 y desde ahí se mantuvo en el poder. La última elección fue en el año 2013, en la cual fue reelegido a un cuarto mandato con el 83,6 de los votos. Igualmente las leyes electorales no garantizan elecciones libres y justas. De hecho, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa declaró que en las elecciones hubo violaciones y fallaron en alcanzar estándares democráticos internacionales. Los mandatos presidenciales son de cinco años y se aprobó un referéndum nacional donde se suprimía el límite al número de mandatos presidenciales.

El Partido Democrático Popular (PDP) es el partido oficialista y domina las elecciones legislativas. En 1999 un referéndum constitucional permitió la formación de partidos políticos religiosos y los partidos de la oposición iban a tener un 30% de los puestos gubernamentales como parte del acuerdo de paz que terminó con la guerra civil en 1997. Esto nunca se cumplió y el gobierno terminó alienando a la oposición luego de las elecciones parlamentarias de 2015. Desde entonces el gobierno dirigió una campaña contra la oposición a través de los medios estatales y la persecución de los candidatos, especialmente los del partido del Renacimiento Islámico (IRPT) que es el principal partido de la oposición. La corte suprema declaró que el IRPT es una organización terrorista y criminalizó a sus miembros y a las expresiones públicas en apoyo a este grupo. Por lo tanto pasó a ser un partido prohibido y algunos de sus miembros fueron condenados a cadena perpetua o penas largas en cárcel en juicios secretos. Para competir en las elecciones se requieren un número extremadamente alto de firmas, dificultando la participación. Los trabajadores migrantes no pueden ser candidatos presidenciales o legislativos, y éstos representan un 20-45% del electorado.

El Poder Legislativo es bicameral representado por la Asamblea de Representantes donde se disputan 63 asientos y son elegidos por el voto popular, y la Asamblea Nacional donde se disputan 33 asientos que son elegidos por asambleas locales y 8 son puestos por el presidente. El Poder Judicial no es independiente y muchos jueces no son aptos para el cargo ya que les falta experiencia.

En el 2015 el gobierno fue protagonista de un polémico hecho donde buscó controlar la profesión legal a través de una nueva ley que requiere que todos los abogados renuevan sus licencias legales con el Ministerio de Justicia y se los examina cada cinco años.

Con respecto a la libertad de expresión, las garantías en la Constitución no se cumplen porque los periodistas independientes sufren persecución e intimidación. El gobierno controla todos los medios, tanto gráficos como de televisión y bloquea el ingreso a las páginas web “críticas”, redes sociales, email e incluso programas de mensajería móvil con el fin de evitar protestas o críticas. El gobierno emitió un decreto que le otorga el derecho a regular y controlar los contenidos de todas las emisoras de radio y televisión.

Hay restricciones a la religión, las actividades religiosas tienen que ser aprobadas y también se limitan el número de mezquitas que pueden funcionar. Se persigue a los ciudadanos por ser miembros de organizaciones religiosas extremistas. A pesar de ser un país con una mayoría musulmana, no está permitido usar hijab en colegios y universidades, y se ha emitido una orden para rasurar las barbas de los hombres como una forma para frenar la influencia de grupos islamitas. La educación privada religiosa está prohibida.

No hay libertad de asamblea y asociación, las ONG deben registrarse con el Ministerio de Justicia y son vulnerables a ser cerradas sin una apropiada justificación. Los ciudadanos tienen el derecho para formar y unirse a sindicatos pero los sindicatos son serviles a las autoridades.

Frecuentemente la población sufre de arrestos arbitrarios, se han encarcelado más de 150 activistas desde 2015 y desde 2014, entre ellos al menos seis abogados de derechos humanos. Las condiciones en las cárceles son deplorables porque hay sobre población y enfermedades. Se utiliza la tortura para obtener confesiones. El gobierno rechazó las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y establecer un mecanismo nacional de prevención, igualmente aceptó ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y abolir la pena de muerte.

La homosexualidad es legal pero hay discriminación y violencia contra personas LGBT (lesbianas, gays, busexuales y transgéneros), siendo víctimas de abusos por fuerzas de seguridad. No hay una ley contra la discriminación basada en la orientación sexual ni en la identidad de género.

La violencia contra la mujer es frecuente pero no se reportan los casos y no son investigados. Las mujeres están sub-representadas en todos los niveles de gobierno. A partir de septiembre del 2016 se han tomado medidas para combatir la violencia doméstica operando al menos doce estaciones policiales por policías mujeres entrenadas en sensibilidad de género, y también hay una ley de prevención sobre violencia en las familias. Sin embargo, se reporta que la ley no se estaría implementando y que las víctimas de violencia doméstica continúan sin una protección adecuada.

Un informe de la ONU sobre el derecho humano al agua potable en Tayikistán declaró que el 40% de sus habitantes y la mitad de la población rural dependen de unas fuentes de suministro de agua que a menudo eran insuficientes o no cumplían las normas sobre calidad del agua. El gobierno aceptó las recomendaciones del examen periódico universal respecto a mejorar el acceso al agua potable segura.

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