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El estado de los derechos humanos en Uzbekistán
:: 19 de julio de 2017

Por Sofía Frers
@FrersSofia
El nuevo presidente Mirziyoyev demostró su intención de continuar con las políticas represivas de Karimov, declarando que iba a destruir toda amenaza interna como externa a la estabilidad o soberanía.

Uzbekistán fue gobernada desde 1991-año en que se independizó de la Unión Soviética- por el presidente Islam Karimov hasta el 2016 que murió. Era el líder del Partido Comunista y fue elegido cuatro veces a pesar del límite constitucional de dos mandatos consecutivos, y en total estuvo en el poder 27 años. Tras su muerte, el Senado instaló al primer ministro Mirziyoyev y luego fue elegido oficialmente presidente. Las elecciones están caracterizadas por su falta de transparencia y pluralismo, y por el hostigamiento a la oposición. La del nuevo presidente no fue una excepción y los medios cubrieron la elección en un ambiente restrictivo, donde no se le dio espacio a la oposición para expresar sus ideas. El nuevo presidente demostró su intención de continuar con las políticas represivas de Karimov, declarando que iba a destruir toda amenaza interna como externa a la estabilidad o soberanía.

Solo hay cuatro partidos registrados, todos ellos pro gobierno, por lo que no hay una oposición genuina. De hecho, en las elecciones parlamentarias del 2014 todos los partidos apoyaban al gobierno. La verdadera oposición no está registrada y funciona principalmente en el exilio, siendo sus familiares y sus seguidores domésticos perseguidos. Las minorías étnicas o religiosas están representadas por partidos no registrados.

A pesar de ser una república y tener división de poderes, el poder legislativo y judicial son funcionales al gobierno. El poder legislativo está compuesto por una legislatura bicameral donde la cámara baja tiene 150 bancas y la cámara alta tiene 84 miembros elegidos por consejos regionales y 16 puestos por el presidente. Todos tienen un mandato de cinco años. La legislatura no tiene poder real sino que es funcional al ejecutivo. El poder judicial está controlado por el presidente que nombra y retira jueces a su criterio. Tienen una cámara de abogados que es un cuerpo regulatorio y sirve como vehículo para el control estatal sobre los abogados.

La libertad de expresión y de prensa no existe a pesar de las garantías constitucionales. El estado controla los medios, bloquea páginas web y medios extranjeros de noticias, como BBC entre otros, y las redes sociales. A partir de la matanza a ciudadanos que se expresaban contra el gobierno, los reporteros extranjeros fueron echados del país y los locales encarcelados o se exiliaron luego de las amenazas. Hay comités vecinales que colaboran con las fuerzas de seguridad vigilando a los residentes de su barrio y limitando así las discusiones privadas.

Los creyentes que practican su fe por fuera del control estatal son encarcelados. El gobierno controla a los musulmanes, incluso el contenido de los sermones. Para salir del país por razones religiosas como hacer el hajj a Arabia Saudita, se requiere un proceso de aplicación para recibir el permiso. El Ministerio de Educación prohibió a los menores de 18 años de participar de los rezos en las mezquitas.

El derecho a la libertad de asociación está restringido, y las ONGs no registradas enfrentan dificultades y persecución. El Consejo de la Federación de sindicatos depende del estado y no existen sindicatos verdaderamente independientes. Los activistas de los Derechos Humanos son perseguidos y tienen restricciones para viajar. Asimismo, sufren violencia especialmente cuando tratan de documentar las condiciones de los trabajadores durante la cosecha anual de algodón.

Las cárceles están sobre pobladas y no hay suficiente comida ni medicinas. Los prisioneros muchas veces son víctimas de tortura, especialmente los que están sentenciados por creencias religiosas. Se utiliza la tortura para forzar confesiones o inculpar a otras personas. También hay prisioneros políticos, activistas, periodistas y demás críticos.

La homosexualidad es ilegal y se castiga con hasta tres años en la cárcel. La ley no protege a las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros) de la discriminación. Las mujeres tienen limitaciones en cuanto a su profesión y educación debido a normas culturales y religiosas, sufren violencia doméstica y la ley no las protege. El tráfico de mujeres para la prostitución es un problema serio.

No hay libertad de movimiento, ya que se requiere de un permiso para mudarse de ciudad. También hay restricciones para viajar al exterior, ya que se solicita una visa de salida.

Uzbekistán tiene un problema con el trabajo esclavo. Se sancionó una ley para penalizar el trabajo infantil y se logró reducirlo, pero el trabajo esclavo adulto creció especialmente durante la cosecha anual de algodón. Se estima que las autoridades fuerzan a un millón de adultos a participar. Mucha gente muere o sale lastimada en la cosecha por falta de seguridad en las condiciones laborales. Incluso se reportaron amenazas para los que se rehusaron a participar en la cosecha. Según el Índice Global de Esclavitud de 2016 Uzbekistán ocupa el segundo puesto.

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