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El estado de los derechos humanos en Laos: ¿un enclave que sofoca?
16 de mayo de 2018
Uno de los casos más emblemáticos es el de Sombath Somphone, un reconocido activista de derechos humanos que desapareció el 15 de diciembre de 2012 durante un control policial en Vientián. Cinco años después, el gobierno de Laos todavía no ha ordenado una investigación sobre la desaparición. El de Somphone no es el único caso de desaparecidos en Laos.
Florie Postis
 

Laos es un país enclavado, a lo largo del Mekong, y se encuentra al Sur de China. Es conocido por su ambiente tranquilo y por ser el país en el que los Estados Unidos arrojaron algunas 260 millones de bombas durante la Guerra de Indochina, pero no recibe la misma atención política que sus vecinos.

Por eso, cuando Barack Obama decidió viajar a Laos para la Cumbre del ASEAN (Asociación de Naciones de Sudeste Asiático) a finales de 2016, se trató de la primera visita de un presidente estadounidense en el país y este evento llamó la atención de la comunidad internacional sobre los problemas endémicos que tiene en materia de derechos humanos. En efecto, durante los últimos dos años, Laos no ha evolucionado para nada en cuanto a las libertades de expresión, de asociación, de prensa y el Estado todavía ejerce un control estricto sobre la oposición política, los medios de comunicación y la sociedad civil.

El LPRP y nadie más

El Partido Popular Revolucionario de Laos (LPRP – Lao People’s Revolutionary Party) llegó al poder en 1975 presentándose como un partido que sigue directrices Marxistas y Leninistas. Su primera decisión fue convertir el país en una “democracia centralista” bajo el control de una clase dirigente potente.  

Desde este momento, todos los niveles de la sociedad fueron controlados por el LPRP y ningún evento hasta ahora pudo amenazar la supremacía del partido.

En cada elección, todos los candidatos son miembros del LPRP o estrictamente controlados por el partido. La Constitución redactada en 1991 afirma que el LPRP es un “núcleo” así que los otros partidos y las nuevas tendencias políticas no pueden ser permitidas en el país. Al respecto, desde décadas, una fuerte cultura de la corrupción emergió hasta fortalecer una clase política sin retorno. Según el Bertelsmann Transformation Index del año 2018, las últimas elecciones de la Asamblea Nacional en marzo de 2016 no fueron libres ni justas por una razón principal: aunque los electores podían elegir entre diferentes candidatos, el número de candidatos independientes era demasiado restringido para amenazar la dominación del partido dirigente. Además, el ligero aumento de los debates sobre problemáticas locales en la Asamblea Nacional no puede ser atribuido a una apertura democrática o a una forma de “media-democracia”.

Libertad de expresión en teoría y en practica

El artículo 44 de la Constitución laosiana promueve la libertad de expresión, de prensa y de reunión para todos los ciudadanos del país. Sin embargo, se emplean varias disposiciones del Código Penal y decretos restrictivos para encarcelar a activistas y reprimir las libertades.

En este contexto, las diferentes tentativas de los grupos de oposición y de la sociedad civil para movilizarse siempre han fracasado. Actualmente las protestas son escasas y si ocurren los activistas pueden ser detenidos bajo condiciones inhumanas y hasta ser torturados.

Según fuentes oficiosas, tres activistas de derechos humanos laosianos, Soukan Chaithad, Somphone Phimmasone y Lodkham Thammavong, han sido condenados a penas de prisión de 12 a 20 años, después de un juicio secreto en abril de 2017. Habían sido detenidos el año anterior por sus publicaciones en Facebook en las que criticaban a las autoridades laosianas. Para Amnistía Internacional, son presos políticos y de conciencia y deben ser liberados ahora mismo sin condiciones.

También, desde 2014, el gobierno decidió ampliar su control creando autoridades de control para el internet.

La consecuencia dramática: los desaparecidos

El caso más emblemático de censura que existe en el país es el de Sombath Somphone, un reconocido activista que desapareció el 15 de diciembre de 2012 durante un control policial en Vientián. Cinco años después, el gobierno de Laos todavía no ha ordenado una investigación sobre la desaparición de Sombath y se ha opuesto a los intentos de abordar el caso en sesiones de la ASEAN.

El Estado tampoco se justificó sobre la desaparición de Kha Yang, un laosiano de la minoría hmong (detenido en 2011), de Sompawn Khantisouk, un empresario y activista medioambiental (secuestrado en 2007) ni de Ko Tee, un activista tailandés buscado por las autoridades de su país (desaparecido en julio de 2017).

Hoy, en Laos, muchos activistas de la sociedad civil han dejado sus puestos y otros trabajan desde la clandestinidad. A pesar de haber firmado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en 2008, Laos todavía no la ha ratificado.

Derechos económicos, sociales y culturales

La libertad de religión es garantizada, aunque puede ser limitada porque las autoridades tienen miedo de una influencia extranjera y consideran que las diferencias pueden exacerbar las divisiones étnicas.

En efecto, en varias regiones, las minorías étnicas están perseguidas y todavía existe una ausencia de identificación de algunos grupos minoritarios.

Durante los últimos años, campesinos tuvieron que huir de sus pueblos de origen porque el gobierno decidió empezar proyectos de infraestructuras: una presa y una línea de ferrocarril entre China y Laos. Los residentes de estas zonas afirman que no fueron consultados o indemnizados y los activistas internacionales están preocupados por las consecuencias sociales y ambientales de esos proyectos.

Laos no ha hecho ningún progreso en materia de derechos humanos o democracia durante los últimos dos años. Los servicios y recursos localizados en las áreas rurales siguen siendo fuertemente condicionados por la ayuda internacional y la cumbre de la ASEAN que tuvo lugar en el país no permitió dar respuestas concretas a las problemáticas del país.