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Las elecciones en México y su crítica situación de los derechos humanos
29 de mayo de 2018
Aunque el país se presenta como una democracia ante la comunidad internacional, todavía sufre de deficiencias tan importantes que se puede cuestionar el carácter democrático del Estado.
Florie Postis
 

Enrique Peña Nieto – miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) – empezó su mandato en diciembre de 2012 con la promesa de poner en marcha reformas económicas y políticas y, al mismo tiempo, reducir los abusos de derechos humanos y los casos de corrupción en México. ¿Era una línea de pensamiento demasiado optimista con respecto a las problemáticas endémicas que enfrenta el país? Seguramente, porque los progresos implementados desde 2014 se convirtieron en fracasos tras los últimos escándalos de corrupción y los abusos repetidos en materia de derechos humanos.

Los problemas han seguido en 2017 y aunque el país se presenta como una democracia ante la comunidad internacional, todavía sufre de deficiencias tan importantes que se puede cuestionar el carácter democrático del Estado. En efecto, puede afirmarse que México está haciendo trampas al ver el aumento de la tasa de homicidios, los ataques recurrentes de los periodistas y defensores de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, y los escándalos de corrupción que implican a una gran parte de la clase gobernante. En este sentido, las próximas elecciones presidenciales del 1 de julio de 2018 ya están bajo presión porque los mexicanos rechazan al gobierno y los partidos tradicionales.

Una democracia no puede ser perfecta, es lo menos que puede decirse con México. El índice Libertad en el Mundo que publica Freedom House destacó cuatro elementos principales que se pueden analizar como las evoluciones más importantes del país en materia de derechos humanos y de democracia durante el año 2017.

El año con el número más alto de asesinatos

Primero, Freedom House afirma que 2017 fue un año muy violento, con el número más alto de asesinatos registrado por las autoridades desde el comienzo del mandato presidencial, en diciembre de 2012. Según Amnistía Internacional, 42.583 homicidios fueron registrados entre enero y diciembre de 2017. Pueden señalarse dos cosas, una ex ante y otra ex post. 

En el Estado mexicano, existe un clima de violencia y de desconfianza importante que puede ser visto como una razón ex ante del aumento del número de asesinatos durante el año 2017. En efecto, desde el mandato del presidente Felipe Calderón y su “guerra contra las drogas”, la policía y las fuerzas de seguridad tienen pocos límites en sus acciones. Dentro de este ambiente, las costumbres de detenciones y reclusiones arbitrarias al igual que la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales son prácticas comunes en México.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sobre más de 64.000 presos en las 370 prisiones mexicanas diferentes en 2016, 57,8% han vivido violencias durante su condena. En febrero de 2017, el Relator Especial de la ONU sobre la tortura hizo público un informe de seguimiento de una visita a México en 2014 en el que concluyó que la tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados e incluían un uso alarmante de la violencia sexual como método de tortura frecuente. Para solucionar este problema, en abril de 2017, el gobierno aprobó una Ley federal para Investigar, Prevenir y Sancionar la tortura, pero todavía no está implementada correctamente.

Por el cuarto año consecutivo, las autoridades no publicaron la cifra de las personas muertas o heridas durante los enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares. Pues, las ejecuciones extrajudiciales siguen siendo práctica común en México. En agosto de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que la policía federal había ejecutado arbitrariamente a 22 de los 42 ciudadanos que murieron en la confrontación de Tanhuato, en el Estado de Michoacán, en 2015. Pueden también citarse los casos de Tlatlaya, Estado de México, donde 22 personas murieron a manos de soldados y el de Apatzingán, donde agentes de policía federal y de otras fuerzas de seguridad mataron al menos 16 personas en 2015. Según Amnistía Internacional, el 3 de mayo de 2017 el ejército hizo operativos de seguridad pública en la localidad de Palmarito Tochapan, Estado de Puebla y reportó la muerte de siete personas. Algunos días después, se publicaron en Internet imágenes de vídeo de cámaras de seguridad instaladas en el lugar. Uno de los videos mostraba claramente a una persona con uniforme militar matando de un disparo a un hombre en el suelo.

En cuanto a las desapariciones forzadas, en agosto de 2017, el gobierno reportó que más de 32.000 personas que habían desaparecido desde 2006 todavía no habían sido identificadas. En general, no se logra identificar los cuerpos encontrados en varias partes. Para luchar contra el aumento de las desapariciones forzadas, el gobierno federal creó en 2013 un Grupo de Trabajo para las desapariciones que se convirtió en un Secretaria Especial en octubre de 2015, pero sin resultados concretos hasta ahora.

En segundo lugar, se puede explicar el aumento de los homicidios durante el año 2017 por causas ex post que son la impunidad y las fallas del sistema de justicia mexicano. En efecto, el gobierno, nunca ha hecho los esfuerzos suficientes para condenar a los responsables de los crímenes y en este sentido no puede impedir los abusos. Entre 2006 y 2016, el CNDH ha recibido unas 10.000 sobre los abusos del ejército.

Los diferentes abusos en materia de derechos humanos citados antes, con implicación del Estado o agentes no estatales, han seguido siendo una práctica habitual y los responsables han seguido beneficiando de una impunidad casi absoluta. Primero, en la mayoría de los casos de desapariciones, las autoridades no inician de inmediato la búsqueda de las víctimas. En el famoso caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, las autoridades todavía no han logrado progresos en las investigaciones. En marzo de 2017, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes del Estado reiteraron la versión gubernamental de lo que sucedió, según la cual los estudiantes habían sido asesinatos y quemados en un vertedero local, una teoría cuya imposibilidad científica había sido demostrada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. En el caso de Tlatlaya, nadie ha sido condenado por los muertos tampoco. Como mejoramiento de este fenómeno, puede citarse la iniciativa de la Ley General sobre las Desapariciones de octubre de 2017 aprobada por el Congreso que definió el delito de desaparición forzada en relación con el derecho internacional y permitió crear herramientas para prevenirlo y juzgarlo. 

El sistema de justicia es también un factor importante que influye sobre el aumento de la cifra de los asesinatos durante el año 2017. De hecho, el nuevo sistema de justicia, plenamente en vigor desde junio de 2016, está reproduciendo los problemas del antiguo sistema inquisitivo, entre ellos la violación de la presunción de inocencia y el uso de pruebas obtenidas con métodos contrarios a los derechos humanos y otras pruebas ilícitas, la corrupción o la connivencia de los juicios con los criminales. También, muchas veces las detenciones arbitrarias incluyen la colocación de pruebas falsas, generalmente armas y drogas ilegales, por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley. Luego, es frecuente que los agentes no informen a las personas detenidas de los motivos de su detención ni de sus derechos, como por ejemplo el derecho a asistencia letrada y a comunicarse con sus familiares. Además, los informes policiales muchas veces contienen errores importantes, informaciones falsas y otras deficiencias graves como imprecisiones en el registro de la fecha y la hora de detención. Tampoco existe un registro de detenciones unificado, accesible y coherente con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. En este sentido, no permite a las víctimas lograr justicia. En este ambiente, el gobierno aprobó en enero de 2017 una ley para reducir la burocracia e implementar al mismo tiempo una reparación justa para las víctimas de los agentes del Estado.

La censura y las masacres de los periodistas y activistas de los derechos humanos

Los dos puntos siguientes del informe de Freedom House con respeto al estado de la democracia en México en 2017 son la censura y los malos tratos de los periodistas y activistas de los derechos humanos que permanecen en el país. Por ejemplo, en mayo de 2016, el gobierno quiso incluir en un nuevo Código Penal procedimientos inéditos, como investigaciones en las casas o los edificios públicos y escuchas telefónicas privadas sin orden judicial.

En efecto, los periodistas son víctimas de ataques del gobierno y de los grupos criminales y por consecuencia se auto censuran. Según la oficina del Abogado General, entre 2000 y octubre de 2017, 104 periodistas fueron asesinados y otros 25 desaparecieron. Según la organización no gubernamental Artículo 19, 8 periodistas desaparecieron entre enero y julio de 2017, y entre ellos se encontraba el periodista Javier Valdez, fundador del periódico RIODOCE, asesinado el 15 de mayo de 2017 en el Estado de Sinaloa. Entre los activistas, podemos citar a Isidro Baldenegro López y Juan Ontiveros Ramos, pertenecientes al pueblo indígena rarámuri, que fueron asesinados en enero y febrero de 2017. Para proteger a los periodistas, el gobierno creó el Mecanismo de Protección para Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en octubre de 2016, de carácter federal, pero hoy falla en brindar protección adecuada porque se demora y muestra insuficiencias.

Los escándalos de corrupción y la creación de un sistema anticorrupción

El último punto destacado por Freedom House es la continuidad de los escándalos de corrupción de la clase gobernante en el país. Según el índice de Transparency International, México es el 135 de 180 países con respeto a los problemas de corrupción. Es una de las preocupaciones más grandes de la campaña presidencial de 2018 y un tema muy debatido dentro de la clase gobernante.

Los derechos de las mujeres y el acompañamiento de los migrantes

En este contexto de campaña electoral, otros temas pueden ser interesantes para entender cuales son las problemáticas principales que el próximo dirigente mexicano deberá enfrentar para demostrar a la comunidad internacional el carácter democrático del Estado. Pueden subrayarse la violencia de género y los derechos de los migrantes.

La violencia contra las mujeres ha seguido sucintando una larga preocupación para la población. Sin embargo, la ley mexicana no protege a las mujeres en contra de las violencias domésticas y sexuales y la investigación de la mayoría de los casos es deficiente porque los autores de actos de violencia gozan de impunidad. En agosto de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó una encuesta que estimaba que un 66,1% de las niñas y mujeres mayores habían experimentado violencia de género por lo menos una vez en su vida y que un 43,5% de las mujeres había sufrido violencia de género a manos de sus parejas. Para luchar contra este fenómeno, en 12 Estados mexicanos, existen mecanismos para prevenir a las violencias, pero al finalizar el año no se había demostrado que los mecanismos de alerta habían reducido la violencia de género contra las mujeres y las niñas.

En cuanto al acompañamiento de los migrantes, según Amnistía Internacional, en 2017 México recibió la cifra más alta de solicitudes de asilo de su historia, la mayoría ciudadanos y ciudadanas de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela. Sin embargo, el porcentaje de solicitudes que dieron lugar a que se concediera la condición de refugiado se redujo del 35% al 12% de los casos entre 2016 y 2017. Hoy, menos de 1% de los niños que llegan reciben protección internacional. Además, en febrero de 2017, el secretario de Relaciones Exteriores de México anunció que su país no recibiría a personas extranjeras devueltas por Estados Unidos en virtud de la orden ejecutiva sobre el control fronterizo por el presidente Donald Trump. Finalmente, en agosto de 2017, un órgano consultivo ciudadano publicó una investigación que demostraba la responsabilidad del Instituto Nacional de Migración en casos de violaciones de derechos humanos.

La campaña electoral presidencial ha empezado en septiembre de 2017 y ya está bajo presión. Andrés Manuel López Obrador, el favorito de los sondeos, afirma su voluntad de terminar con el poder de la mafia. En efecto, los dos temas recuentes en los debates son el “boom” de la violencia y la corrupción endémica en el país.