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Corea del Norte en uno de los niveles más bajos de libertad en el mundo
4 de marzo de 2018
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en marzo del 2017 adoptó una resolución que autorizaba la contratación de expertos que contabilizaran los crímenes contra la humanidad en Corea del Norte y que asistieran en la preparación de los casos contra los dirigentes del régimen en caso de un eventual juicio contra ellos.
Federico González
@Fedegonzalez26
 

Entre 1953 y 1970, la República Popular Democrática de Corea (también conocida como Corea del Norte para diferenciarla de su vecina Corea del Sur), fue vista como un éxito debido a la capacidad de Kim Il-sung para moldear la sociedad norcoreana en un régimen socialista bajo su liderazgo, construyendo un culto a la personalidad, controlando la prensa y prohibiendo los viajes al exterior. El crecimiento económico le permitió, en un principio, valerse de una estabilidad que Corea del Sur no tenía; sin embargo, luego de un tiempo, comenzó a generarse mucha desigualdad entre los ciudadanos obligando al líder norcoreano a introducir el sistema Songbun: donde toda la sociedad fue sorteada en distintas clases sociales dependiendo su lealtad al régimen.

En 1994, luego de la muerte de Kim Il-sung y el ascenso al poder de su hijo, Kim Jong-Il, la crisis económica obligo al régimen a realizar modificaciones en la economía y aumentar la participación de las Fuerzas Armadas en la sociedad debido a que gran cantidad de ciudadanos escapaban del régimen por las constantes hambrunas. Con la recuperación económica, en 2009 inició el proceso de herencia del régimen, donde Kim Jong-Il comenzó a transferir su poder al, hasta entonces desconocido, Kim Jong-un. Políticamente, los aspectos destacados de este proceso incluyeron la rehabilitación de instituciones claves del partido gobernante, debilitando la influencia militar en la economía y la política. Esta reorganización del rol del Partido de los Trabajadores en el gobierno hizo que la mayoría de los aliados que Kim Il-sung tenía en el partido fueran reemplazados por personas de confianza de su hijo, utilizando la ejecución pública para enviar un mensaje a aquellos que se atrevieran a desobedecer al régimen. De esta forma, según Human Rights Watch, la República Popular Democrática de Corea se posiciona como uno de los regímenes represivos más autoritarios del mundo.

En términos internacionales, Kim Jong-un tomó un curso más agresivo que el que su padre tuvo: desde el 2012 el régimen canceló el Leap Deal Day con los Estados Unidos donde recibían asistencia en términos alimenticios y humanitarios a cambio de congelar el programa nuclear del país. De esta forma aceleró la investigación y construcción de armamento pesado, convencional y también nuclear, expandió la capacidad balística y se preparó para una guerra con el Sur. En 2017, al cumplir su sexto año en el poder, Kim Jong-un lanzó más de 23 misiles durante casi 16 pruebas balísticas. Esto, según Human Rights Watch, hizo que las tensiones con Estados Unidos y sus aliados escalaran a niveles que no habían alcanzado desde hacía décadas. Sumada a esta situación los insultos entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y Kim Jong-un durante el año pasado, no ayudaron a que la tensión disminuyera.

En lo que respecta a los Derechos Humanos, la comunidad internacional continuó, durante el 2017, presionando para que la Commission of Inquiry on Human Rights in the Democratic People’s Republic of Korea tomara acciones frente a las conclusiones del reporte sobre los derechos humanos en Corea del Norte; las cuales informaban que el gobierno norcoreano cometió crímenes contra la humanidad, entre ellos, detenciones arbitrarias, torturas, esclavitud, crímenes sexuales y abortos forzados (con especial énfasis en la situación de la mujer). Debido a esto, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en marzo del 2017 adoptó una resolución que autorizaba la contratación de expertos que contabilizaran los crímenes contra la humanidad en Corea del Norte y que asistieran en la preparación de los casos contra los dirigentes del régimen en caso de un eventual juicio contra ellos. A pesar de esta situación, el gobierno norcoreano se niega a cooperar con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero en 2016 ratificó la Convención para Derechos de Personas con Discapacidades y, en el 2017 invitó por primera vez a los cuerpos del Alto Comisionado a visitar el país.

Según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), en la República Popular Democrática de Corea la prensa se encuentra totalmente controlada por las agencias estatales, impidiendo que exista cualquier cadena de noticias nacional independiente. Desde el 2012 una oficina de The Associated Press pudo establecerse en el país y luego en 2016 lo hizo una del Agence France-Presse. Sin embargo, dado que el gobierno controla la prensa y toda la información que entra o sale del país, han existido casos donde varios periodistas, al ingresar y no seguir las reglas impuestas por el régimen, son expulsados o puestos a disposición de la justicia norcoreana.

Durante el 2017, las autoridades de China y Corea del Norte acordaron aumentar los controles en la frontera para así evitar que ciudadanos norcoreanos deserten vía China. De esta forma, el aumento de controles también afectó el contrabando en la frontera, logrando así identificar quienes se conectaban a redes chinas mediante el contrabando de teléfonos celulares, tal como expresa Amnistía Internacional. También, las autoridades chinas, a pesar de haber firmado y ratificado el protocolo de la Convención de Refugiados de las Naciones Unidas, para con los refugiados de Corea del Norte creó una entidad judicial especial que le permite arrestarlos y regresarlos a su país donde, según el destino al que se dirigían, pueden ser condenados a prisión por un determinado tiempo o condenados a muerte bajo la figura de traición a la patria.

Frente a todas estas situaciones, el análisis anual de las Freedom House califica al régimen norcoreano como un régimen autoritario y no libre, donde tanto las libertades económicas como políticas se encuentran en el nivel más bajo y, por ende, menos libre. Al mismo tiempo, considera la situación de la prensa como no libre, colocando al país en los últimos puestos del ranking, situación que se repite desde hace años.

 
 
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