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La escalada de violencia que trajo la crisis en Burundi
21 de febrero de 2019
La sangrienta crisis estalló cuando en abril del 2015 el presidente Nkurunziza anunció que se volvería a presentar por un tercer mandato presidencial sucesivo. Cientos de protestantes se manifestaron en contra de esta pretensión inconstitucional. Ante esto, resonó la represión del gobierno.
Victoria Ariagno
@victoriaariagno
 

En Burundi la crisis es explosiva y multifacética: de orígenes étnicos, la guerra civil desembocó en un conflicto político de gran envergadura que acaparó todos los ámbitos de la realidad. Ahora reina la pobreza, los asesinatos por motivos políticos y la desidia en general. Para comprender la debacle actual del país hay que remontarse a los años 90, cuando después de aproximadamente tres décadas de independencia del dominio belga, la organización del poder político en la forma de Estado soberano estuvo determinado por las antagónicas concepciones de nación que pusieron en pugna a los dos principales grupos étnicos de Burundi: la minoría tradicional líder tutsi, y la mayoría hutu. Esta guerra civil se vio apaciguada por cierta reconciliación étnica y la celebración de elecciones democráticas en 2005, las cuales pusieron al poder al líder hutu Pierre Nkurunziza (quien encabeza el partido político hutu más importante de Burundi, denominado “Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia - Fuerzas para la Defensa de la Democracia”). No obstante, sus siguientes dos mandatos fueron -en 2010- fruto del fraude y -en 2015- resultado de una reforma constitucional aprobada por la Corte Constitucional del país (la cual está bajo control del poder ejecutivo).

Hoy en día el cuadro que se presenta es lúgubre. La inestabilidad y violencia cíclicas externamente se perciben a través de los fallidos intentos de la Comunidad Africana Oriental por encontrar una solución a la crisis (sobre todo en el sector agrícola, que todavía no está desarrollado y esto reincide en mayores niveles de pobreza), y peor aún, después de que Nkurunziza haya apelado a la prohibición de la entrada al país a agentes policiales de la ONU -que buscaban apaciguar los conflictos armados entre grupos del Gobierno y grupos de la oposición (como lo es la FNL)- a modo de evitar injerencia externa en sus planes de perpetuación en el poder. El temor que produce esta situación en Burundi reside en que en vistas al cumplimento de un proyecto personalista promovido por un líder autócrata se están atropellando las pocas libertades que quedaban a disposición de los civiles. Las detenciones preventivas son moneda corriente y se hacen bajo preceptos puramente arbitrarios. A lo que la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas propone que Burundi reforme su código Penal para tipificar los delitos y así circunscribir la criminalidad a un criterio más objetivo, estable y fiable. Además, desde hace más de una década se insta al gobierno a amoldarse a las normas del derecho internacional (las cuales se ajustan a lo que la ONU propone en materia de defensa y protección de derechos humanos). Mientras tanto, no hubo cambios sustanciales en la legislación de Burundi, la cual posibilitó la propagación de la impunidad de las violaciones, tal como se viene registrando desde el primer Examen Periódico Universal del país que se hizo en 2008: “incluso las autoridades administrativas resolvían los casos de violación sexual de forma extrajudicial o amistosa, sobre todo mediante prácticas como el matrimonio entre el violador y la víctima”.

Por otra parte, otras sugerencias, como aquella del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, fueron convertidas en políticas nacionales pero su efectividad en la práctica es nula, ya que se carecen de mecanismos de seguimientos y los comités, ministerios o cualquier institución creada suelen tener insuficiencia de fondos financieros y de recursos humanos para su correcto funcionamiento.

Dado el estado de la cuestión, es posible visualizar los factores que facilitaron la extralimitación de los derechos humanos sin ninguna traba concreta, por lo que analizando el informe del tercer EPU realizado en el 2018 se comprueba que la crisis no hizo más que empeorar y cerrarse sobre sí misma: “entre el 26 de abril de 2015 y octubre de 2016, la Oficina del ACNUDH en Burundi documentó 580 casos de personas muertas en relación con la crisis” y, durante el mismo periodo, 9.568 casos de personas detenidas y recluidas en relación con la crisis. Los números no lo son todo, pero permiten poner los datos en perspectiva, y estos incluyen tanto a miembros de la oposición política, como de otros disidentes y grupos marginados socioculturalmente tales como las mujeres, niños, albinos, homosexuales, desplazados internos y refugiados. Estas trasgresiones comprenden una amplia gama de modalidades: desapariciones forzadas, detenciones preventivas prolongadas que provocan hacinamiento en las cárceles, discriminaciones y desigualdad de grupos específicos y numerosos casos de tortura infligidos por el SNR (Servicio Nacional De Inteligencia), la policía, el ejército, y el grupo terrorista afiliado al partido gobernante, denominados Los Imbonerakure.

Según el Informe anual de 2018, publicado por Reporteros Sin Fronteras, los periodistas en Burundi “con frecuencia son hostigados por las fuerzas de seguridad, alentadas por un discurso público que considera enemigos de la nación a los medios de comunicación no alineados”, encontrándose en el puesto 159 dentro de un ranking de 180 países en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Es lógico que el país haya recibido esa caracterización dado que las limitaciones se venían dando desde el ámbito legal con la Ley de Prensa del 4 de junio de 2013, la cual limitaba la libertad de expresión y esta traba se vivió más intensamente desde el golpe de Estado fallido de 2015.

El 11 de octubre de 2016, el Gobierno de Burundi suspendió toda cooperación con la Oficina del ACNUDH en Burundi, dado que consideraba sus informes “parciales y con motivaciones políticas”. Posteriormente el Estado abandonó la Corte Penal Internacional, dado que Pierre Nkurunziza espera eludir cargos penales por su inhumana represión a los opositores a su plan de prolongación de su mandato. La propuesta de extender el mandato del presidente de turno hasta 2034 presentó un apoyo mayoritario (del 70% de la población). Como se vislumbra en el Informe Mundial 2019 de Human Rights Watch: "Al anunciar el referéndum el 12 de diciembre de 2017, el presidente Pierre Nkurunziza advirtió que aquellos que se atrevieron a ´sabotear´ el proyecto para revisar la constitución ´por palabra o acción´ estarían cruzando una línea roja", por lo que es razonable conjeturar que este apoyo es directamente proporcional y correspondido al terror infundido en los ciudadanos de la nación durante 15 años de poder de un gobierno autoritario.