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Los derechos humanos en peligro en la República supuestamente «Democrática» del Congo
5 de abril de 2019
Lo que se vivió durante las últimas elecciones fraudulentas es un fiel reflejo de lo que sucedió durante el último año: las fuerzas de seguridad y la policía nacional reprimieron generalizadamente en contra de dirigentes opositores, activistas pro-democracia, defensores a los derechos humanos, periodistas y manifestantes pacíficos.
Virginie Hontabat
 

El 30 de diciembre del 2018 tuvieron lugar las elecciones presidenciales en la República Democrática del Congo, gobernada por Joseph Kabila desde 2001. Aferrado al poder, Kabila se excedió por dos años el mandato que le permitía la constitución con la excusa de que no estaban dadas las condiciones para llamar a elecciones. Cuando finalmente las convocó, Félix Tshisekedi accedió al cargo supremo en unas elecciones que demuestran  una derrota de la democracia tanto por su desarrollo como por su manipulado resultado.

Más allá de la larga espera para que se realicen elecciones, las condiciones en las cuales se realizaron parecen sospechosas, por decir poco. Represión e intimidación podrían resumir como se desarrollaron. Más bien, el resultado parece nacer de un fraude enorme que garantizó el triunfo del nuevo presidente. Según la Comisión Nacional Independiente para las Elecciones (CNIE), confirmado por la Iglesia católica, ganó Martin Fayulu, el candidato de la coalición opositora. Sin embargo, una semana después de las elecciones, y de un corte total de Internet, la CNIE anunció a Félix Tshisekedi como vencedor, lo que le venía mejor a Joseph Kabila. Aunque Tshisekedi no era el candidato apoyado por Joseph Kabila al principio, estos dos hombres se aliaron con un acuerdo político que lo favoreció para “ganar”.

Ya se puede presumir que este cambio de gobierno no anunciará un cambio de política. Hasta ahora, el nuevo presidente todavía no ha formado un gobierno tres meses después de las elecciones. Otra vez el proceso democrático en Congo aparece en pausa, y la ONU llamó al nuevo presidente a que regularice la situación lo más rápidamente posible.

A la imagen de este proceso electoral y como lo plantea la ONG Freedom House, existe un total peligro de la calidad democrática en la República Democrática del Congo. Según cifras de Human Right Watch, más de un millón de Congoleses no pudieron ir a votar dentro de las tres zonas del país dominadas por la oposición. Además, este día se caracterizó por una gran cantidad de violencia por parte de las fuerzas armadas, quienes no dudaron en usar la represión para obligar a los observadores a irse de algunos colegios electorales.

Pese a todo, lo que se vivió durante las elecciones es un fiel reflejo de lo que sucedió  durante el último año: las fuerzas de seguridad y la policía nacional reprimieron generalizadamente en contra de dirigentes opositores, activistas pro-democracia, defensores a los derechos humanos, periodistas y manifestantes pacíficos. Esta situación en la Republica supuestamente Democrática del Congo, demuestra una ausencia de democracia y de alternancia política que viola de manera recurrente los derechos humanos.

Según el último informe de Human Right Watch, solo en el año 2018, más de 100 activistas pro democracia fueron arrestados de manera arbitraria. Dentro de las libertades fundamentales que están negadas en el país, las de expresión y de reunión sufren más represión y son casi inexistentes. Si el estado tiene el monopolio de la violencia legítima, en el Congo no duda en usarla, pidiendo al ejército que dispare con balas reales durante manifestaciones de la oposición política, como por ejemplo en agosto 2018.

La situación en el país es muy preocupante. Se registra un aumento de la violencia, y especialmente en algunas regiones, con más de 883 civiles asesinados en el Este y 300 en el Norte del país en 2018. Esta situación se puede explicar por la historia del país, muy marcada por una crisis de fondo en cuanto a las cuestiones étnicas que generan conflictos con centenares de muertes y miles de desplazados.

Una encuesta iniciada por la ONU en 2016 sobre la violencia en la región del Kasai, muestra que hoy en día la RDC está sufriendo una verdadera crisis humanitaria negada por el gobierno.  

Según un informe de enero 2019, de la Oficina de las Naciones Unidades de los Derechos Humanos, en RDC, en diciembre 2018, se pueden registrar 210 violaciones de los derechos humanos, ejecutadas el 88% por la policía, el estado o las fuerzas armadas.

El estado contribuye a esta violencia con las fuerzas armadas o también con la ausencia de justicia. En efecto, los protagonistas que violan a los derechos humanos casi no son arrestados o son absueltos. Desde 2016, la Unión Europea impone sanciones en contra de 14 generales y oficiales del poder por haber violado los derechos humanos y no organizado elecciones al tiempo correspondiente. En diciembre de 2018, la Unión Europea siguió con estas sanciones, lo que provocó la expulsión del embajador de la UE el 28 de diciembre. Así, estos eventos muestran una tensión a nivel diplomático, y sobre todo afirma una postura del Congo que no parece tomar en cuenta lo que le pide la comunidad internacional.

La situación de la democracia en Congo es reconocida críticamente por parte de otros países. Durante el primer Examen Periódico Universal en 2009, la comunidad internacional se mostró preocupada en cuanto a la situación de los derechos humanos en el país, sobre todo en cuanto a las violaciones masivas de los derechos por parte del ejército. El EPU puso foco sobre el ambiente de intimidación que existe en el país, con el uso injustificado de la fuerza durante las manifestaciones. El alto comisario de la ONU indicó que la situación de los defensores de los derechos humanos está particularmente vulnerable, dado que son considerados como enemigos por el gobierno. El tema de la negación de la libertad de expresión es más bien subrayada por los conflictos internos, de cuestión étnica.

Cuatro años después, en el marco del segundo EPU en 2014, la comunidad internacional, recomendó a la RDC adoptar las disposiciones legislativas a los crímenes internacionales. Se observó que las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y de la policía nacional no pararon, sino que aumentaron con ejecuciones arbitrarias, violaciones, arrestos, tortura y tratamientos crueles.  Así, el comité por los derechos humanos le pidió al gobierno que empiece a investigar e iniciar juicios.

El Alto Comisario por los Derechos Humanos observó que, si la ley para prohibir la tortura fue adoptada, su aplicación sigue siendo un desafío importante de aplicar. 

Tanto en el primer EPU, como en el segundo, se le había recomendado al gobierno crear un entorno jurídico para asegurar la seguridad de los periodistas, de los defensores derechos humanos y más generalmente de toda la sociedad civil. Se le había recomendado asegurarse que estas personas puedan ejercer con libertad sus derechos de libertad de expresión, de asociación y de reunión. El establecimiento de un marco jurídico fijo y que asegure a toda la población aparece como una prioridad, considerando también el número de desplazados que cuenta el país, 2,6 millones de personas según el HCR, por lo cual no existe un marco jurídico que podría reglamentar su protección.